La Directiva (UE) 2023/970 sobre transparencia retributiva, adoptada por el Parlamento Europeo, establece un marco para garantizar la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor. Su transposición a las normativas de cada país miembro representa un reto y una oportunidad ya que deben alinear sus leyes nacionales con estas disposiciones de transparencia. Teniendo como fecha tope para su cumplimiento el 7 de junio de 2026.
La Directiva establece medidas concretas para abordar la brecha salarial de género, incluyendo:
- Derecho a la información retributiva: Los trabajadores podrán solicitar información clara sobre los niveles salariales desglosados por género.
- Prohibición de la discriminación en procesos de selección: Se restringe la solicitud de antecedentes salariales previos.
- Auditorías retributivas obligatorias: Para empresas de cierto tamaño, se exige analizar y reportar diferencias salariales.
- Compensación en caso de desigualdad: Los trabajadores afectados podrán recibir indemnizaciones efectivas.
Estas medidas buscan fomentar una cultura de transparencia que permita identificar y corregir desigualdades estructurales.
En el caso de España, la normativa sobre igualdad salarial ya ha avanzado significativamente con instrumentos como:
- Real Decreto 902/2020 sobre Igualdad Retributiva: Que obliga a las empresas a elaborar un registro retributivo detallado y desglosado por género. Introduciendo la auditoría retributiva como herramienta para identificar brechas y definiendo el concepto de «trabajo de igual valor», armonizando criterios de evaluación.
- Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres: En la que se refuerza la obligación de adoptar planes de igualdad en empresas. Estableciendo la base para implementar sanciones por incumplimientos en materia de igualdad.
Con esto, España cuenta con una normativa robusta, aunque la Directiva introduce algunas novedades que requerirán ajustes:
- Ampliación del derecho individual a la información: Mientras el RD 902/2020 prevé información global, la Directiva exige mayor granularidad.
- Mecanismos de reclamación y compensación: Los procedimientos nacionales deberán garantizar indemnizaciones más ágiles y proporcionales a los daños sufridos.
- Fortalecimiento de la prevención: Se debe intensificar el control en las etapas previas al empleo, como los procesos de contratación.
La transposición de esta Directiva no solo refuerza las herramientas ya existentes en materia de igualdad retributiva, sino que impulsa una armonización europea en la lucha contra la brecha salarial. Para los departamentos de recursos humanos, esto implica un mayor compromiso con la transparencia y la revisión continua de sus políticas salariales. Las empresas que se adapten proactivamente no solo cumplirán con la normativa, sino que también mejorarán su imagen como empleadores responsables y comprometidos con la igualdad.
La igualdad salarial no es solo una cuestión de justicia social, sino también un pilar esencial para la competitividad y sostenibilidad empresarial en un mercado laboral más inclusivo.
