El 8 de marzo de 2019, y con la intención de acabar con algunas situaciones injustas de precariedad a la hora de adecuar la jornada teórica pactada y la realizada, y, por consiguiente, con un resultado fraudulento para la administración, se aprobaba el Real Decreto-ley 8/2019 por el que se adoptan medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que entraba en vigor el 12 de mayo 2019.